Compras públicas a la agricultura familiar (Uruguay, Brasil y Pataguay)

Hay diferentes experiencias y grados de desarrollo a nivel de cada país del Mercosur ampliado en materia de compras públicas a la agricultura familiar. Brasil, Paraguay y Uruguay están más avanzados en materia jurídica con sus respectivas leyes reglamentadas.

El resto de los países del bloque avanzan en ese sentido y poseen programas de alimentación escolar donde los agricultores familiares tienen parte de su venta asegurada, con el objetivo fundamental de fortalecer la agricultura familiar y campesina facilitando la participación en el mercado con precios justos, promoviendo el acceso a alimentación a poblaciones más vulnerables estimulando el desarrollo y dinamizando la economía local.

Uruguay

Por su parte Uruguay festejó el Año Internacional de la Agricultura Familiar aprobando la Ley que declara a la Agricultura Familiar de interés general y establece una reserva de mercado a la compra de productos de esta naturaleza en las compras estatales. Esta reserva corresponde al 30% de las compras centralizadas y 100% de las descentralizadas.

La Ley, aprobada por unanimidad del Parlamento, fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP, OPP y MIEM. Según afirmó Lauro Meléndez, ex subsecretario del Mides y actual legislador, “es un logro interinstitucional muy importante que fue el broche de oro para cerrar el 2014, declarado por la ONU Año Internacional de la Agricultura Familiar… Es una ley pensada, no desde el punto de vista productivo y económico, sino desde el punto de vista social, está pensada desde la mirada de la seguridad alimentaria y nutricional, nos comprometimos a nivel nacional e internacional a hacer un proceso para que las compras públicas estén destinadas u orientadas hacia ese segmento de la producción. Como forma de poder, no solamente elevar la calidad y la mejora de la producción sino de generar condiciones sociales a la interna de los productores para que puedan competir en mejores condiciones en el mercado y que su nivel de vida pueda ser satisfactorio en el medio rural”.

La legislación uruguaya maneja el concepto de circuito corto, se elimina la cantidad de intermediarios que van desde la producción hacia el consumo del producto. La ley no apunta a productores individuales sino a productores asociados de alguna manera. Esto significa que es necesario formar una organización con al menos 5 miembros y un 70% de ellos tienen que ser productores familiares, integrantes del registro de productores familiares que tiene la Dirección General de Desarrollo Rural.

Brasil

Brasil tiene la Ley más antigua de compras públicas a la agricultura familiar en la región, además de contar con varios programas exitosos, como el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA); el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE).

La Ley 11947/09 establece que de los recursos recibidos, por lo menos el 30% deben ser usados en compras de la agricultura familiar, con mecanismos de garantía de precios y procesos de adquisición facilitados (llamados públicos, licitaciones).

De acuerdo a lo que destaca Emma Siliprandi de Unicamp/FAO, esta Ley genera varios beneficios a productores y productoras familiares de Brasil, “favorece la diversificación de la producción de alimentos; promueve el aumento de ingresos para la agricultura familiar, mejora el consumo de alimentos de las propias familias productoras, favorece la participación de las mujeres en la comercialización (por la compra de productos producidos por ellas); permite la venta en pequeñas cantidades; genera menos dependencia del transporte y logística; crea mercados para productos que ya no se producían, se perdían o no tenían precio atractivo” La misma presentación, disponible en el sitio web de la Cepal, establece que en 2013, aproximadamente 500 millones de dólares fueron destinados por el Estado Brasilero para la compra de productos de la agricultura familiar, confirmando un ingreso de alta relevancia para el sector.

Paraguay

En Paraguay, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la Secretaría Técnica de Planificación, en trabajo conjunto con FAO, han desarrollado proyectos para la implementación de las Compras Públicas a la Agricultura Familiar y el fortalecimiento de Programas de Alimentación Escolar por medio del Programa de Cooperación Internacional entre la FAO y el Gobierno de Brasil.

Con el Decreto Presidencial No 1056/13 promulgado el 27 de diciembre del 2013, el Gobierno de Paraguay prioriza los productos procedentes de la agricultura familiar en las compras públicas. Con este Decreto se estable la modalidad del “proceso simplificado para la adquisición de productos agropecuarios de la agricultura familiar”, que persigue desarrollar un mercado seguro para la provisión de alimentos provenientes de los agricultores familiares campesinos a instituciones del estado. El Gobierno paraguayo tuvo en cuenta las experiencias regionales de los países vecinos, sobre todo Brasil, ya fortalecida para mejorar la situación de los productores y productoras de la agricultura familiar y campesina del Paraguay.

De esta manera, más de 250.000 familias, con fincas menores de 20 hectáreas y casi 300.000 familias con fincas menores de 50 has tendrán acceso a un mercado público anual de más de 250 millones de dólares anuales que representan las compras del Estado en alimentos.

En el mismo sentido el Gobierno de Paraguay fortaleció su programa de alimentación escolar sostenible como una forma de garantizar los requisitos nutricionales que los niños y niñas necesitan para un adecuado rendimiento escolar y una correcta nutrición. El Congreso aprobó la Ley Nº 5210 de Alimentación Escolar y Control Sanitario, que reconoce el derecho a la alimentación de los estudiantes y busca fomentar su bienestar físico.

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