Declaración municipalista en favor de una contratación pública sostenible

Lamentan que el Gobierno central recorta los avances impulsados por la Unión Europea

Los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Pamplona, Sabadell y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) han firmado este jueves una declaración municipalista a favor de una contratación pública sostenible.

La declaración tiene como objetivo la promoción de la contratación pública responsable, que impulse el tejido productivo local, dando acceso a las pymes y promoviendo la economía social y las empresas sociales y ambientalmente responsables.

El documento critica que el Gobierno central ha presentado en el Congreso un proyecto de ley de contratos del Sector Público que, a su juicio, no define nuevos procedimientos de contratación ágiles y eficientes, y recorta avances que había impulsando la norma europea 24/2014 en esta materia.

Para los municipios firmantes, esta declaración es una oportunidad para generar marcos legales que permitan hacer de la contratación pública una herramienta de transformación social y económica, además de « coherente con el mandato de la Directiva Europea ».

Al acto han acudido el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello; la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlon; el concejal de Gobierno, Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez; el de Gobierno Interior de Valencia, Sergi Campillo, y el primer teniente de alcalde de Sabadell, Joan Berlanga.

TRANSCRIPCIÓN DE LA DIRECTIVA

Pisarello ha asegurado que este es el « punto de salida de una campaña que quiere interpelar a todos los ayuntamientos », y ha lamentado que el Gobierno central del PP ha optado por no trasponer los elementos más avanzados de la directiva europea.

« Continúan apostando por la opacidad y complejidad en la contratación pública », ha asegurado, y ha insistido en que no se han incluido las cláusulas sociales y laborales, además de dejar fuera a la contratación electrónica, que ha señalado como esencial para minimizar los casos de corrupción.

Ha insistido en que ayuntamientos de diferentes colores políticos y de todo el Estado « van a una para impugnar esta reforma insuficiente y que no está a la altura de lo que se necesita », y ha expresado que también interpelan a los sindicatos, al mundo de la empresa para impulsar la contratación pública sostenible.

TRIPLE CRISIS

Parlon ha asegurado que España se encuentra en una triple crisis: económica, social e institucional, y ha asegurado que hay muchas de las soluciones que se han impulsado desde los ayuntamiento, con el principal objetivo de crear condiciones de trabajo dignas.

« Esta declaración tiene mucha fuerza si realmente puede hacerse efectiva », ha valorado, y ha insistido en que la Economía Social y Solidaria (ESS) tiene un gran papel en la lucha contra la precarización laboral, pero ha lamentado que le cuesta acceder a la financiación.

Sánchez ha recordado que esta declaración ha logrado unir a ayuntamientos de distinto color político, y ha explicado que el Gobierno central no ha aceptado las enmiendas a la totalidad de la transposición de la Directiva Europea 24/2014: « No descartamos que el trámite de enmiendas parciales permita mejorarlo ».

Campillo ha recordado que los ayuntamientos tienen « responsabilidades como generadoras de modelos social y de comportamiento », mientras que Berlanga ha asegurado que la inercia del sistema actual propicia una falta de transparencia y opacidad y una falsa libre concurrencia, y deja fuera a empresas más pequeñas y con responsabilidad social.

Artículo de REAS

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