Hacia un sistema participativo de garantia para la produccion ecologica en Andalucia

En el año 2005, la entonces Dirección General de Agricultura Ecológica (DGAE), de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, recibió la petición de parte de diversos grupos productores ecológicos de esta región de solucionar el problema que el mecanismo obligatorio de la certificación por tercera parte les estaba suponiendo. Su planteamiento inicial se basaba en que este sistema legal les generaba una serie de perjuicios que les desanimaban a seguir inscritos como ecológicos o les desincentivaba, directamente, a inscribirse como tales. Los principales problemas planteados eran unos costes excesivos para sus pequeñas producciones y unos niveles de burocracia que hacían muy difícil el procedimiento.

Ante esta denuncia, la DGAE tomó la decisión de impulsar un proceso participativo, a través del cual construir un sistema alternativo de certificación que se adaptara a la realidad de estos grupos. De esta forma y como caso poco frecuente en el ámbito agrario y rural andaluz, se planteaba la solución de un problema a través de un mecanismo distinto al de las subvenciones económicas o el apoyo público directo. Además, el procedimiento propuesto resultaba innovador: una metodología inspirada en la Investigación Acción Participativa, a través de la cual construir un sistema de garantía de tipo participativo.